Gasto electoral y reelección parlamentaria

Claudio Agostini

Claudio Agostini

Las recientes elecciones municipales dejaron abiertos al menos dos temas respecto a las elecciones parlamentarias del próximo año. Uno es el rol de la abstención, que deberá ser analizado con más detalle cuando hayan más datos disponibles, y el otro es el del rol del gasto electoral.
Las reformas implementadas en Chile en la última década generaron mecanismos tanto para el financiamiento privado legal a campañas electorales, estableciendo límites por donante y candidato, como para la entrega de recursos públicos a partidos y candidatos. Como contraparte, se pusieron límites al gasto electoral. estableciendo límites al monto de dinero que un candidato puede gastar en su campaña electoral.

Uno de los aspectos más discutidos respecto al financiamiento electoral privado y, en particular, respecto a las donaciones realizadas por empresas, se refiere a la ventaja electoral que podría otorgar a algunos partidos o coaliciones políticas. Un análisis de los aportes reservados, donde la mayoría de los donantes son personas jurídicas, entre los distintos partidos políticos y coaliciones en las elecciones parlamentarias de 2009 muestra que los montos recibidos en donaciones reservadas reflejan algunas desigualdades importantes tanto al interior de cada coalición como entre ellas.
En el caso de la Concertación, la Democracia Cristiana obtiene 1,2 veces más recursos que el resto de los partidos de su coalición para campañas a diputado, pero apenas un poco menos -0,94 veces- para campañas a senador. Al interior de la Coalición por el Cambio las desigualdades son aún mayores y la UDI obtiene 2,4 y 2,5 veces más dinero que Renovación Nacional para el financiamiento de las campañas a diputado y senador respectivamente. Al comparar la dos principales coaliciones, el financiamiento privado favorece fuertemente a la Coalición por el Cambio, en el caso de los diputados con 4,1 veces el monto total recibido por los candidatos de la Concertación y en el caso de los senadores con 1,6 veces. Si consideramos los gastos, en la elección de senadores la UDI fue el partido que más gastó 
($ 1.591 millones), seguido por el PDC 
($ 1.181 millones) con 25,7% menos y RN ($ 901 millones), con 23,7% menos que la DC y 43,3% menos que la UDI. En diputados, la UDI también fue el partido que más gastó ($ 4.473 millones) y en un monto 175% superior a RN y 303% mayor al PDC, que son los partidos que le siguen en gasto.

Desde el punto de vista del diseño de políticas públicas lo relevante es si el mayor gasto en campaña afecta la elección o no. Una forma de analizarlo es compara el impacto que tiene el gasto entre candidatos incumbentes y desafiantes. En las elecciones ocurridas en los 60 distritos para diputados y 19 circunscripciones en 2005 y 2009, se presentaron a la reelección 179 diputados y 26 senadores. Los incumbentes gastaron en promedio 
$ 72,6 millones y los desafiantes 
$ 68,1 millones. El impacto, sin embargo, es muy distinto. Un aumento de un 1% en el gasto electoral del incumbente aumenta su votación entre 0,7% y 1%, mientras que un aumento del 1% en el gasto del desafiante reduce la votación del incumbente entre 0,2% y 0,28%.
Esta asimetría en el impacto del gasto en campaña es relevante para el diseño de políticas públicas respecto al financiamiento electoral. Dada la ventaja del incumbente en las elecciones parlamentarias en Chile, si un objetivo de política es que las elecciones sean más competitivas, colocar límites al gasto de campaña y entregar financiamiento público a los candidatos es un diseño correcto ya que se reducen las asimetrías en el financiamiento entre incumbentes y desafiantes. Sin embargo, la evidencia para Chile es que este diseño no es suficiente. Una alternativa es limitar aún más el gasto en campaña y/o entregarle al Servicio Electoral las herramientas suficientes para hacer una fiscalización efectiva de los límites al gasto electoral. La otra posibilidad es simplemente poner límite al número de reelecciones permitidas.